¿Durmiendo con el enemigo?

Desde cuando se conformó un grupo especial de investigación entre Fiscalía y Policía, designado para esclarecer la muerte de la jefa de Fiscalización de la DIAN en Neiva (Huila), Celia Escobar Flórez, las autoridades se han dedicado a recabar cuanta información sea posible para confirmar o descartar su principal hipótesis: que detrás de este crimen, ejecutado por sicarios el viernes 10 de mayo en la noche cuando ella llegaba a su casa en la capital huilense, hay una maquinaria criminal que podría poner en riesgo la vida de muchos otros funcionarios de esta entidad.

Y al parecer, por los datos a los que ha tenido acceso ese grupo desde entonces, la justicia está a punto de ratificarlo. Las pistas que tiene ese grupo especial han conducido a sus investigadores, al menos hasta el momento, a un único camino: que en el crimen de Celia Escobar habrían participado funcionarios de la DIAN. Una fuente de alta credibilidad que conoce los detalles de las pesquisas le dijo a este diario que las autoridades están enfocadas en establecer cuál sería el rol que una funcionaria actual de la DIAN “de nivel central” habría jugado en este violento episodio.

El Espectador se abstiene de divulgar la identidad de esta mujer, mientras las indagaciones continúan. Fuentes judiciales le aseguraron a este diario que tienen información suficiente para arrestarla. Sin embargo, su prioridad es descifrar la enmarañada red de corrupción que se ha conformado en el seno de la DIAN y que tendría nexos con empresarios que buscan, a toda costa, acumular riqueza. Esa red, temen las autoridades, puede ser la principal amenaza que se ha cernido sobre funcionarios juiciosos de la DIAN que, igual que lo hizo Celia Escobar, se niegan a ser sobornados para favorecer a terceros que pretenden afectar el erario.

Ayer precisamente el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, denunció que por lo menos 29 funcionarios de esa entidad, que trabajan en las áreas de contrabando, lavado de activos y evasión de impuestos, han sido amenazados y que hay indicios “importantes” de que ellos requieren medidas urgentes de seguridad, pues trabajan en zonas “complejas” como Barranquilla, Neiva, Maicao, Riohacha, Cúcuta y Bogotá, en la zona franca y en el aeropuerto El Dorado. “Hay serios problemas que se está tratando de enfrentar, pero están generando riesgos importantes”, manifestó el alto funcionario.

La mujer que está principalmente en la mira del grupo especial de investigación conformado por Policía y Fiscalía, por su posible relación con el homicidio de Celia Escobar, no tiene ninguna investigación penal abierta en su contra. Este diario supo, no obstante, que al menos informalmente ya ha sido señalada en la Fiscalía como un eslabón más en el cartel que desfalcó a la DIAN al facilitar que terceros se adueñaran ilegalmente de dineros públicos a través de devoluciones de impuestos ficticias. Ese desfalco no se ha terminado de tasar pero, al menos en lo que se ha establecido hasta la fecha, la cifra ya superó los $120 mil millones.

Es un hecho, eso sí, que la mujer está en el radar de los organismo de control por haber permitido, supuestamente, que empresas presentaran declaraciones de impuestos sin soportes o con transacciones simuladas para así evadir millonarios impuestos. Se supone, además, que por la muerte de Celia Escobar se pagaron unos $50 millones: los investigadores tienen información de que el dinero pudo haber salido de ella. Con respecto a la muerte de Jorge Valencia Daza, asesinado en Cali dos semanas después de Escobar y luego de 20 años de trabajo en la DIAN, se indaga si esa red de corrupción intervino de igual manera.

Para las autoridades es indispensable establecer lo más pronto posible qué tanto se ha extendido esta red de corrupción dentro de la DIAN. Los investigadores creen que esa red estaría detrás de las amenazas contra funcionarios que acaba de denunciar Juan Ricardo Ortega y estaría actuando en una especie de cacería de brujas tras funcionarios que sí quieren cumplir sus funciones. En Bogotá, se supone, el asunto está medianamente controlado, pero a las autoridades les inquieta profundamente la suerte que puedan correr quienes trabajan en ciudades pequeñas o localidades alejadas.

Los miembros del grupo especial de investigación han logrado establecer, tal como lo advirtió El Tiempo, que son altas las probabilidades de que detrás de la muerte de Celia Escobar se encuentren empresarios del Huila que lavan dineros ‘calientes’ a través de exportaciones ficticias. Su misión más inmediata es terminar de encontrar pistas que los lleven a verificar si es verdad que, además de ese riesgo externo, en la DIAN se está durmiendo con el enemigo.

marrazola@elespectador.com

dduran@elespectador.com