Una nación secuestrada por 40 años

La historia del secuestro en Colombia es la de una vergüenza nacional; la de unos lucrándose con el dolor de otros; la de guerrillas llamando prisioneros de guerra a unos secuestrados que no son sino la muestra de la degradación en la que ha caído el conflicto en Colombia. Es la historia de marchas multitudinarias y muchos oídos sordos. La del cautiverio más largo del mundo; la de un gobernador que fue plagiado cinco veces antes de que sus captores lo asesinaran. Es, en fin, la historia de 39.058 colombianos que han pasado por este calvario por lo menos una vez en la vida.

Esta es una de las espeluznantes cifras del informe Una verdad secuestrada, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la firma de consultoría Cifras y Conceptos con ayuda del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unión Europea. El documento será presentado hoy en un evento que contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Carrillo, y el director del DPS, Bruce Mac Master, entre otros.

A punta de cifras el informe presenta la magnitud de este flagelo. Valga una de ellas: “21.345 individuos estuvieron secuestrados (en conjunto) 9.678 años. Esto es como si la toda la población de Valledupar (433.242) hubiese estado secuestrada 8 días”. De las personas que han sido secuestradas, 301 lo han sido más de una vez. Una de ellas fue plagiada cinco veces: el exgobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar.

“Me podrán secuestrar muchas veces, pero yo no me iré de mi tierra”, decía el mandatario cuando le recomendaban irse de Caquetá. A Cuéllar las Farc lo secuestraron en 1987, 1995, 1997, 1999 y 2009. La última vez lo degollaron y dejaron en Sebastopol, zona rural de Florencia (Caquetá). Los guerrilleros alegaron que Cuéllar era socio de los paramilitares como justificación del atroz crimen.

Las Farc son, precisamente, a las que se les atribuyen la mayoría de los secuestros que se han realizado en Colombia desde 1970. El informe documentó que las Farc han sido las responsables de por lo menos 3.360 de los plagios registrados durante el período de estudio. No obstante, los investigadores presumen que pudieron haber perpetrado otros 9.598 secuestros sobre los que, sin embargo, no existen certezas sobre el autor. Si se suman estas cifras se podría asegurar que este grupo armado ilegal estaría vinculado a 12.958 secuestros.

Muy de cerca lo siguen la delincuencia común y el Eln a los que se les atribuyen, respectivamente, el 27% y el 25% de los secuestros en los que el autor no ha sido confirmado y el 20% y el 30%, respectivamente, de los plagios cuyo responsable ha sido confirmado. Por su parte, a los paramilitares se les atribuyen el 7% de los secuestros en los que el autor no ha sido confirmado y el 4% de los plagios en los que se conoce el responsable. (Ver infografía).

Este informe surge, precisamente, en momentos en los que en La Habana, Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dialogan sobre la posibilidad de un acuerdo de paz. Aunque es uno de los temas más espinosos en el panorama de la reconciliación, este tema aún no ha sido abordado en la mesa.

Al respecto, las Farc han dicho que desde febrero de 2012 dejaron de realizar secuestros con fines extorsivos pero que se reservan “el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”, expresaron en un comunicado, en enero de este año.

En respuesta, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, indicó que “a las cosas hay que llamarlas como son. Los soldados y policías no son prisioneros de guerra, son secuestrados (…) Que digan de una vez en la mesa de diálogo si quieren la paz, pero no le hagan perder el tiempo al Gobierno y a los colombianos”.

En entrevista con este diario, el director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, expresó que “este informe le habla a La Habana. Yo no estoy diciendo que esté preparado para La Habana o contra La Habana. Lo que estoy diciendo es que el tema de las responsabilidades –entendiendo, no obstante, que las Farc no son las únicas responsables– va a ser parte importante de los reclamos de la sociedad de llegarse a acuerdos”.

Respecto al secuestro, Sánchez fue enfático: “Es el signo más visible de la degradación que ha tenido el conflicto (…) Dentro del imaginario público es un ingrediente sustantivo de la guerra. Es también la modalidad que más se ha repartido en las diferentes clases del país. Hay una experiencia casi directa de toda una población ante el secuestro y eso implica que todo el mundo se sienta interpelado”.

Por lo menos 3.969 de los secuestrados hacían parte de las Fuerzas Militares o de entidades del Estado; 3.902 se dedicaban a labores del campo; 3.857 eran comerciantes; 1.904 trabajaban en el sector servicios; 1.680 laboraban en el sector transporte; 1.477 lo hacían en una organización política o un medio de comunicación y 648 en salud. El secuestro no distingue. Valga una cifra: aunque el 43% de los secuestros se han producido en 40 municipios –incluyendo Bogotá, Medellín y Cali–, apenas en 96 municipios de los 1.102 que hay en el país no se han registrado plagios. (Ver infografía).

En Colombia los secuestrados duran en cautiverio, en su mayoría, menos de un mes. Aunque ha habido casos como el del sargento José Libio Martínez, quien estuvo casi 14 años en poder de las Farc hasta que esta guerrilla lo asesinó. Como Martínez, cerca de 2.287 secuestrados terminaron muertos en cautiverio. Aunque en este país la mayoría de los plagios se acaba por cuenta de un pago. Por lo menos, el 60% de los secuestros de los que se supo el desenlace terminaron de esta forma.

Del total de secuestros, el informe encontró que en 16.165 de ellos se hicieron exigencias económicas para liberar a los plagiados. En el 28% de los casos de entre $100 millones y $500 millones. En el 6% de los casos se pidieron más de $5 mil millones por las liberaciones. Al respecto, los períodos en los que se pidieron rescates más caros fueron entre los años 1970 y 1989 y 1990 y 1995. En esas épocas hasta el 70% de las exigencias eran superiores a los $1.000 millones.

A este problema se suma la impunidad que rodea este crimen. De las 28.481 denuncias que se han presentado por secuestro, apenas 3.144 han terminado en condenas. Y hay que agregarle que un proceso por estos hechos se demora, en promedio, seis años en resolverse.

La cifra de secuestros ha venido bajando estos últimos años. Los peores años fueron el 2000 y el 2001 con 3.547 secuestros registrados cada uno, una cifra casi tres veces superior a la actual. Con estas cifras, no obstante, no se puede cantar victoria. El secuestro es, y muy probablemente seguirá siendo, esa cicatriz que no cura en el rostro de una nación con décadas de conflicto en la espalda y muchos años secuestrada.

Fuente: ElEspectador.com