Suspenden provisionalmente decreto que permitía acceder a bases de datos

Escrito por Boletin de Noticias. Publicado en Judicial

Fecha de publicación: agosto 08, 2013 con 0 Comentarios

Al considerar que se presentó una extralimitación del Gobierno, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una expresión establecida en el decreto 1794 de 2012 en el cual se regulaba la entrega de información recolectada mediante las interceptaciones legales.

En el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el Código Penal, se contempla solo a la Fiscalía General de la Nación como encargada de ordenar, previa fundamentación, la interceptación de comunicaciones para buscar elementos probatorios y evidencia física de interés para los fines de la investigación.

En la revisión, el Consejo de Estado consideró que la norma acusada generaserias dudas sobre la validez de la habilitación para que otras autoridades competentes, distintas a la Fiscalía General de la Nación, puedan acudir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y requerir información personal de quienes se encuentran siendo investigados.

Ante esto manifestó que la Constitución Política de 1991 establece que la comunicación privada es inviolable y solo puede ser interceptada mediante orden judicial en los casos y según los requisitos exigidos en la ley. Además, es solo la Fiscalía General la que puede emitir una orden escrita en dicho sentido y quien debe asumir la responsabilidad por el manejo de los datos obtenidos por este medio.

“La extensión a unas autoridades indeterminadas e indefinidas por el Reglamento de una prerrogativa indispensable para poder llevar a cabo la interceptación de comunicaciones a que alude el referido artículo 52 constituye un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que la Ley es clara en señalar un reparto específico de responsabilidades: el fiscal ordena la interceptación y las demás autoridades competentes “serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación así como del procesamiento de la misma”; resultando ostensible que el requerimiento de información personal a los proveedores de redes y servicios no forma parte de la “operación técnica” contemplada en la Ley”, precisa uno de los apartes de la decisión.

Para el alto tribunal, habilitar a otras autoridades para hacerlo crea un riesgo para el derecho a la intimidad, porque divide la responsabilidad de la obtención de la información personal, lo que podría constituir un déficit en la protección de ese derecho.

Por: Elespectador.com

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