Miles de declaraciones señalan a Uribe

Escrito por Boletin de Noticias. Publicado en Opinión

Fecha de publicación: septiembre 08, 2013 con 0 Comentarios

Por : Alirio Gómez M.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, tiene conciencia clara y así lo dio a conocer tras hacer un recuento de los hechos y eventos a los cuales se ha vinculado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez con grupos paramilitares en las últimas dos décadas. Precisó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no se puede sustraer de adelantar una investigación por promover, auspiciar y apoyar estas organizaciones armadas ilegales al ex presidente. Tras hacer concretas reflexiones sobre la génesis del paramilitarismo en Colombia, los apoyos que este proyecto armado contrainsurgente recibió de agentes del Estado, entre ellos la Policía, DAS y el Ejército, así como de amplios sectores económicos, sociales y políticos, los nombres del ex gobernador de Antioquia y ex presidente de la República surgen como una bandera flotante. Hizo alusión a la relación de Uribe Vélez con Pedro Juan Moreno Villa, un empresario, fallecido, al que nombró Secretario de Gobierno durante su período como Gobernador de Antioquia y quien ha sido señalado por ex paramilitares de ser uno de los líderes que “definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Fue promotor principal de la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, Convivir, y que, a juicio del magistrado, se convirtieron en “génesis del paramilitarismo”.

En su análisis el magistrado le sumó su relación con la hacienda Guacharacas, una propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de San Roque, al nordeste antioqueño donde operó una Convivir conocida como El Cóndor. Se refirió a las relaciones de Uribe Vélez con el general retirado del Ejército Rito Alejo Del Río, condenado por sus nexos con el paramilitarismo. Dijo el magistrado que el político estuvo “detrás de la pacificación de Urabá durante su periodo como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo nacional, realizada de la mano del general Rito Alejo Del Río y los paramilitares de la región”. El magistrado abordó también el caso del general retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, quien fue condenado por la justicia de Estados Unidos en diciembre de 2012 por sus nexos con grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico: “Él estuvo a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como oficial de seguridad en la Presidencia de la República. Sus vínculos con los paramilitares están ya establecidos… No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas como tantos otros que se le atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tampoco podía ignorar”. “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

La Gobernación a cargo de Uribe fue informada desde el comienzo de la masacre de El Aro, en Ituango, perpetrada por paramilitares a finales de octubre de 1997, pero no le brindó apoyo a la comunidad durante siete días y, luego, desmintió las denuncias sobre lo que allí había sucedido. El magistrado antioqueño hizo referencia a los acuerdos con el Estado Mayor de las Auc una vez inició su primer mandato como Presidente de la República el 7 de agosto de 2002. Aseguró que de las negociaciones de Uribe Vélez con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, emergió el proyecto de ley de alternatividad penal para los paramilitares que presentó originalmente el gobierno al Congreso “que aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”. Uribe Vélez estaba “detrás de los directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes”, haciendo alusión a los casos de Jorge Noguera, condenado en septiembre de 2011 por sus nexos con el Bloque Norte de las Auc y de María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá y comprometida con las interceptaciones telefónicas ilegales realizadas a opositores del gobierno, magistrados, periodistas, entre otros. “Se ordenó expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y a las Convivir asociadas o vinculadas con ellos, y/o concertarse con estos, no sólo como Gobernador de Antioquia sino después de su gobernación y en su condición de Presidente de la República”.

Por su condición, el ex mandatario solo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cientos de folios y horas de declaraciones de desmovilizados, víctimas y testigos señalan a Uribe ya fueron enviados a la célula judicial parlamentaria. En varias ocasiones se han iniciado investigaciones contra Uribe, pero fracasan por miedo de los investigadores quienes son amenazados de muerte si avanzan en las pesquisas o los abogados del ex presidente los intimidan con infinidad de denuncias. Al final las investigaciones son abandonadas.

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