La subasta del 4G

Hay que reconocer algo: Claro (hasta hace poco tiempo Comcel) se ganó a pulso su posición en el mercado colombiano. No se puede decir, de buenas a primeras, que la compañía llegó con prácticas sucias a quebrar a los demás operadores.

La subasta del 4G

Vino e invirtió con mucho músculo financiero en un momento en que pocos se atrevían a hacerlo en este país. Puso torres, entregó celulares, se la jugó. Y ganó. Pero creció tanto que, sin regulación efectiva por parte del Estado —lo cual tampoco es su culpa— comenzó a utilizar prácticas comerciales restrictivas de la competencia que lo llevaron, según las cifras oficiales, a tener hoy el 61,34% del mercado. Tiene, a la luz del derecho de la competencia, una posición dominante en el mercado.

Las leyes de la competencia se hicieron para que se regulara lo que la “mano invisible del mercado” no puede. Ya en la carrilera del éxito, una empresa arrasa a todas las demás y genera monopolios. Que son malos. Se aprovechan de la falta de pares en condiciones equivalentes y terminan entregando servicios caros o, en el peor de los casos, deficientes. La sana competencia siempre va a ser mejor que la práctica dominante de una empresa. Sobre todo porque eso genera mejores servicios y variadas opciones. No hay nada que el mercado agradezca más que esto.

En el mundo de hoy es importante tener una oferta variada en lo que al espectro para ofrecer productos de cuarta generación, 4G, se refiere. A Colombia se le viene encima la era de las telecomunicaciones de avanzada: un escenario en el que se puedan desplegar las más modernas tecnologías (descargas, navegación) que permitan el acceso a internet y a servicios asociados a altas velocidades en forma inalámbrica. Todo esto dentro del marco de LTE (long term evolution). El Gobierno debía, entonces, presentar una subasta justa de lo que es un bien público, el espectro. ¿Cómo hacer esto cuando una sola compañía tiene más de la mitad de los usuarios del mercado pegados a sus celulares? Compensando. El Gobierno se ha demorado, pero la solución parece razonable. Veamos.

A Claro le tocará pujar dentro de la subasta de los 2.500 MHz. ¿Qué significa esto en cristiano? Que podrá transmitir más datos a un costo muchísimo mayor que el de los demás, poniendo más torres, pidiendo más permisos a las autoridades estatales, invirtiendo más en infraestructura, en fin, pagando más. Los otros podrán hacerlo dentro de la banda AWS —de 1.700 a 2.100 MHz—, lo que resulta mucho más barato para ellos. Cuando se le cobra más plata a uno de los participantes, muy por encima que a los demás, se viola la igualdad de condiciones. Pero si éste es quien más tiene, se puede lograr un balance suficiente.

Pero eso no es todo. Hay una segunda medida y es la intervención en los costos de conexión, que no es más que regular las tarifas que se cobran entre los operadores: una llamada de Claro a Movistar o a Tigo, y así. La intención del Gobierno es que la tarifa se reduzca a $42,49 en enero del año 2015, bajando casi en la mitad de lo que es hoy, con el fin de evitar “el efecto club”, una de esas prácticas que promueven la concentración. Con esto se logrará la regulación del sector que desde hace tiempo se demandaba.

Faltan ahora los comentarios de los actores y el final anuncio de la subasta. Muy seguramente Claro, en todo su derecho, presentará recursos legales que pueden torpedear el proceso, basado en su contrato de estabilidad jurídica y en la injusticia en su opinión de las nuevas reglas. Faltará ver si el sustento jurídico del Gobierno es tan sólido como el que en lógica tiene su propuesta. De serlo, Colombia entraría en una nueva era de telecomunicaciones que respeta el derecho a la sana competencia entre los actores.