Los debates de control político que han adelantado los diputados de Santander no van a quedar en saludos a la bandera. Producto de las denuncias realizadas por los corporados, la Contraloría General de Santander ha logrado avanzar de manera eficiente en procesos de responsabilidad. Así se evidenció en la plenaria de este martes, durante la presentación del informe de ese ente fiscal.
El Contralor Diego Fran Ariza Pérez informó que, a corte del 31 de diciembre de 2016, se registraron 176 hallazgos de naturaleza administrativa, con incidencia fiscal, valorándose en un detrimento patrimonial por $60 mil 219 millones, donde se aspira a decretar un resarcimiento de los daños ocasionados al erario. “Nos alegra que esta pela que nos estamos dando, de ir hasta las provincias, conocer las situaciones y denunciar las irregularidades, tienen eco en la Contraloría”, reconoció el diputado Édgar Suárez Gutiérrez.
En total, la Contraloría profirió 17 fallos con responsabilidad fiscal, ocho más que en 2015. El Carmen de Chucurí (3) y Rionegro (2), fueron los sujetos de control más sancionados con cobro coactivo. Además, se emitieron 24 autos de imputación a responsabilidad fiscal, 11 más que en 2015. “Son muchas las circunstancias que hemos traído a la Asamblea, de obras que no se ejecutan como debe ser, los contratistas no pueden seguir haciendo lo que quieran, con la plata de los santandereanos”, indicó el diputado Mario Antonio Cárdenas.
Según el Contralor Ariza Pérez, el Departamento de Santander posee endeudamiento a mayo 31 de 2017 por valor de $469.227 millones de los cuales corresponde un 67% a la Gobernación, por un valor de $316.165; el 7% corresponde a las Entidades Descentralizadas, el 12% corresponde al Nodo Central (área metropolitana), el 2% a la Provincia Comunera, el 2% a la Provincia Guanentá, el 1% a García Rovira, el 6% a la Provincia Soto y Mares y el 3% correspondiente a la Provincia Vélez Carare Opón.
A 30 de junio de 2017, existen 491 procesos de responsabilidad fiscal en trámite entre traslados de hallazgos fiscales, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, de los cuales se tomó decisión de fondo en 60. “Es bueno tener un interlocutor cuando hacemos las denuncias, que se den respuestas y que se sancione”, destacó el diputado Luis Tulio Tamayo.
Con respecto a los resultados de las auditorias especiales de la actual vigencia, solicitadas por los diputados, el Jefe de Control de Santander, confirmó 39 hallazgos en el Banco de Maquinaria por cuantía de $5.064 millones, 15 hallazgos en el caso Indersantander y los Juegos Nacionales por $804 millones, 7 hallazgos en obras de optimización del acueducto de Vélez por $9.394 millones, 60 hallazgos en queja por el cierre de la UCI del hospital San Juan de Dios de Floridablanca por $1.374 millones y 56 hallazgos frente al manejo de Panachi por cuantía de $572 millones.
Los diputados esperan que una vez se definan las responsabilidades, se logre, mediante procesos coactivos, la recuperación de buen parte de los dineros invertidos. “De conformidad con la clasificación de cartera que se hace cada año, y que para la última vigencia es de $2.401 millones, se refleja como cartera de posible cobro la suma de $254 millones, el saldo restante, está clasificada como cartera de difícil cobro. Lo anterior, es consecuencia de una cartera que data hasta 20 años de antigüedad sin respaldo de bienes que sea posible adelantar su remate o pólizas de seguros que respalden el daño. Igualmente, la insolvencia que presenta los ejecutados cuando el proceso llega a cobro coactivo, impide que el cobro sea efectivo”, explicó el Contralor Diego Fran Ariza.
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