La investigación ‘Trastorno de un estado sin dinero’, realizada por la Unidad de
Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano, ofrece una radiografía con
datos y testimonios, señalando los vacíos para atender la crisis de salud mental en
Colombia.
• Entre los años 2018 y 2023 el Ministerio de Salud destinó aproximadamente el 1 % del total
de su presupuesto para la promoción de la salud mental, a pesar de que la recomendación
es que los Estados asignen mínimo el 5 % del total del presupuesto de salud.
• La teleorientación en salud mental es una de las estrategias implementadas. Recibió
42.927 llamadas entre abril de 2020 y septiembre de 2023. Sin embargo, la línea ha
operado intermitentemente desde su lanzamiento en 2020.
Septiembre de 2025. Solo entre 2013 y 2023, en Colombia 10.108 jóvenes entre 15 y 29
años se quitaron la vida. Cada año la cifra aumenta y los gobiernos parecen no escuchar
los llamados urgentes de instituciones como Medicina Legal. ¿Qué está pasando con la
salud mental? La investigación “Trastorno de un estado sin dinero”, realizada por la
Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano y ganadora de los
Premios José de Recasen, ofrece una radiografía con datos y testimonios que muestran
las fallas en la atención de esta crisis.
El 37 % de adolescentes y jóvenes acudieron al sistema de salud durante la pandemia
por problemas relacionados con su salud mental, reforzando la idea de que el COVID-19
desató esta crisis. Pero los datos muestran que la alarma ya estaba encendida antes.
Según cifras analizadas por la UIP, entre 2018 y 2019 un 34 % de este mismo grupo
poblacional ya había recibido atención. En total, entre enero de 2018 y septiembre de
2023 se registraron 2’491.900 atenciones en jóvenes de 14 a 26 años por diagnósticos de
trastornos mentales y del comportamiento.
¿Qué dice la ley en cuanto a salud mental?
En 2013 se dio un paso importante con la Ley 1616, que reconoció el derecho a la salud
mental en Colombia y puso el foco en niños, niñas y adolescentes. La norma estableció la
necesidad de un enfoque de prevención y de tratamiento oportuno, entendiendo la salud
mental como un tema de salud pública. Recientemente, en junio de 2025, Colombia dio un
nuevo paso con la aprobación de la Ley 2460, que modifica la ley anterior y busca
transformar el enfoque de salud mental en el país, reconociendo la salud mental como
un derecho fundamental y proponiendo una atención integral con enfoque
biopsicosocial, territorial y de curso de vida.
Aunque la ley representa un avance significativo, expertos advierten que el verdadero reto
será su implementación efectiva porque, como concluyó la investigación de la UIP, en la
práctica, este sector sigue recibiendo una financiación muy por debajo de lo que se
necesita. Entre 2018 y 2023 el Ministerio de Salud destinó 39 mil millones de pesos para
la promoción de la convivencia, la salud mental y la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas. Esa cifra equivale apenas al 1 % del presupuesto de salud, muy lejos del 5 %
mínimo recomendado por la OPS y el Banco Mundial.
La revisión de los presupuestos en cinco departamentos mostró que después de la
pandemia la inversión aumentó. Bogotá, por ejemplo, pasó de 7 mil millones de pesos en
2020 a 26 mil millones en 2023. En el mismo periodo, Antioquia subió de 735 millones a mil
millones de pesos. Sin embargo, incluso con estos aumentos, las gobernaciones de
Antioquia, Barranquilla, San Andrés y Providencia admiten que los recursos siguen siendo
insuficientes. A través de derechos de petición, explicaron que la principal limitación para
atender la crisis está en la falta de camas hospitalarias exclusivas para pacientes con
problemas de salud mental, las demoras en los servicios, la débil articulación
institucional y la escasez de personal. En Colombia solo hay 1,8 psiquiatras por cada
100.000 habitantes, cuando la recomendación de la OCDE es de 17.
Una de las estrategias más visibles ha sido la teleorientación. La Línea Nacional (192, opción
4) recibió 42.927 llamadas entre abril de 2020 y septiembre de 2023, de las cuales 25.256
fueron atendidas de manera efectiva, es decir, un 58,83 %. Pero, aunque esta herramienta
ha demostrado ser útil, ha funcionado de manera intermitente desde su creación en
- Además, solo 21 de los 32 departamentos cuentan con una línea de apoyo en salud
mental, y en algunos como Guaviare, Guainía y Casanare, no están activas.
¿En qué se debe trabajar?
La salud mental no puede recaer únicamente en el Ministerio de Salud. Las instituciones
educativas, desde colegios hasta universidades, tienen un rol clave en la generación de
alertas tempranas y en el acompañamiento de los jóvenes. Aunque su misión principal
es la enseñanza y no la atención clínica, estas instituciones conviven a diario con las
realidades emocionales de los estudiantes y pueden convertirse en aliados estratégicos de
IPS, EPS y del propio Ministerio para enfrentar la crisis.
Además, es urgente avanzar hacia sistemas de información interconectados que
garanticen una comunicación fluida y permitan coordinar esfuerzos entre distintos
sectores y entidades de manera constante. Solo así podremos pasar de respuestas
fragmentadas a una estrategia nacional integral que atienda la salud mental como lo
que realmente es: un asunto de vida.
Otro de los grandes retos sigue siendo la falta de preparación y de herramientas para
atender de manera adecuada la salud mental. Durante la llegada del COVID-19 quedó
claro: muchos protocolos se improvisaron y eso puso en evidencia lo frágil que eran nuestras
respuestas frente a una situación tan compleja. Necesitamos fortalecer estas estructuras, no
solo con recursos técnicos, sino también con empatía, escucha y acompañamiento real.
Conozca más detalles de la investigación aquí:
https://saludmental.poligran.edu.co/index.html




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