¿PORQUÉ DEBEMOS VOTAR NO A LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC?

El próximo 2 de Octubre, los Colombianos nuevamente iremos a las urnas, esta vez para decidir frente al tan mencionado Plebiscito por la Paz.

Hacerle una pregunta engañosa al pueblo costará la suma de 280.000 millones de pesos o más, así lo hizo saber el Ministro de Hacienda a algunos medios de comunicación.

¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Es finalmente, la pregunta con que se refrendaran o no los acuerdos hechos en la Habana entre el Gobierno y las Farc.

Y cuando digo de entrada que la pregunta es engañosa, lo hago con fundamento en el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando señaló frente a la revisión del Plebiscito entre algunas otras consideraciones dijo: “Para garantizar la libertad al lector, la pregunta no puede ser tendenciosa o equivoca, pues se debe evitar que la voluntad del ciudadano pueda ser manipulada o dirigida. Tampoco puede estar formulada de manera tal que induzca a la persona a una respuesta en un sentido especifico”.

No es para nada lógico, ético y serio de un Gobierno, preguntar con tanto cinismo si se quiere, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La respuesta mundialmente inmediata y lógica a esta pregunta, que constituye más bien es una burla a las innumerables víctimas del conflicto armado es que todos los colombianos queremos la paz, pero no una paz, disfrazada de solo concesiones, persecuciones políticas, el inicio de un cambio de régimen democrático a socialismo castro – chavista, mentiras al pueblo, desempleo, desnutrición, clientelismo, mermelada e impunidad, entre otros.

La pregunta debería ser muy simple: “Esta usted de acuerdo con los acuerdos pactados entre el Gobierno y las Farc? Si o No. Y es que precisamente el fallo de la Corte, centra la discusión en el si o el no, frente al contenido de los acuerdos, no se vota por el derecho a la paz. Reitero, todos la queremos.

En declaraciones del señor Presidente de la Republica ante este cuestionamiento sobre la mala formulación de la pregunta contestó: “El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana”; lo que considero una falta de respeto no solamente contra el mandato del la Corte Constitucional, sino también una afrenta al pueblo, pues ¿Que podemos esperar los Colombianos, de los contenidos del Acuerdo Final para la Paz, donde el Presidente hace “lo que se le da la gana”?. Peligroso.

Hay algunos que por simple fanatismo otros por simple interés político, otros por desinformación, hacen eco del si por la paz, sin saber de fondo lo que realmente contienen los Acuerdos. Lo hacen muchas veces más, por apasionamientos y odios, que por instintos de razón y fundamentación. Eso no es justo para el país, si se quiere construir una verdadera Paz estable y duradera. Todos deberíamos leer y reflexionar sobre el Acuerdo Final. Otros con algunas tesis más peligrositas, invitan incluso, a no leer los acuerdos con la justificación precaria de que no importa el valor, los sacrificios y dadivas que se tengan que alcanzar a costa de conseguir la Paz, como si se tratara de firmar su propia sentencia sin conocer su contenido. Máximo cuando todos sabemos que esta no es una verdadera paz completa, pues ya se confirmó que efectivamente, habrá disidentes de las Farc que no entregaran sus armas, seguirán extorsionando, secuestrando, asesinando y administrando lo que hoy es el cartel de cocaína más grande del mundo entero para su financiamiento. Guerrillas del ELN más fortalecidas y Bacrim, también permanecerán delinquiendo, con un Estado débil y concesionario, que limita e intervine la administración de justicia para criminales.

Más allá de las 297 páginas que contiene el Acuerdo Final, una nueva historia de nuestro país empezará a regir a partir del próximo 2 de octubre, día en el que se votará el Plebiscito; si gana el sí, habrá otro tipo de Justicia, conformada por un Tribunal Especial de Paz que reemplazará la Justicia Ordinaria y que traerá consigo la Impunidad para los Delitos de Lesa Humanidad contenidos hoy en estándares Internacionales que expondrán a futuro no solo la seguridad jurídica de Estado Colombiano sino lo llevará al pago patrimonial de un sin número de demandas internacionales por no Investigar, Juzgar y Condenar los responsables de crímenes atroces.

Me refiero específicamente a los llamados delitos de lesa humanidad, los cuales según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se han definido como “todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud o desplazamiento forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física (Secuestro) en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Estos delitos, entre otros, no tendrán castigo tal y como se deduce del artículo 60 de los Acuerdo Final suscrito por el Gobierno y las Farc, veamos:

Artículo 60: “Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante el componente de Justicia del SIVJRNR mediante declaraciones individuales o colectivas.

Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición…

Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.

Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinaran de qué manera se graduaran las sanciones y en cuales casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas. En este caso el mínimo de sanción será́ de dos años y el máximo de 5 anos…

Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”.

Lo anterior no constituye un verdadero modelo de Justicia Transicional por el contrario contradice directa y gravemente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del cual Colombia es parte. PREÁMBULO: …

“Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así́ a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, …”

Nuevamente nos topamos aquí con una afrenta del Gobierno y las Farc, esta vez nada más y nada menos que frente a las reglas del Derecho Penal Internacional.

Ahora como si fuera poco, en materia de elegibilidad política para las Farc y su financiamiento, el Acuerdo contempla que recibirán el 15% anual de la apropiación presupuestal de los partidos y movimientos políticos y en las elecciones parlamentarias el Gobierno deberá garantizarles un total de 26 curules adicionales en Senado y Cámara. A lo anterior sumémosle, como Hoy periódicos como El Tiempo, a través del Dr. Humberto de la Calle, publican que “Timochenko podría ser candidato presidencial en 2018”. Muy grave.

Ahora ni que decir sobre los usos de la propiedad privada, donde el Acuerdo deja entrever además de la entrega de Territorios a las Farc, las posibilidades de expropiación si es del caso, con la justificación de la “Transformación de la Realidad Rural Colombiana” como lo han llamado. El acuerdo da plenas facultades a la formalización, restitución y distribución de la Propiedad, con acceso y uso a tierras “improductivas” y legalización o formalización de las mismas. Además pide que se haga el reconocimiento, apoyo y protección a las zonas de reserva campesina, territorios propios para las Farc.

Según el DANE, hoy con una tasa de desempleo de 9,8 en julio hay 2´370.000 colombianos desempleados más, pero a contrario sensu, los Acuerdos siguen concediendo prebendas esta vez de tipo “económico y social sostenible” para cada integrante de las FARC-EP, que tendrá derecho, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo, por la suma de 8 millones de pesos. Adicionalmente cada uno (a) de los hombres y mujeres de las FARC-EP recibirán una asignación única de “normalización” equivalente a 2 millones de pesos y para completar recibirán la suma de $620.000 como sueldo mensual por 2 años más la seguridad social.

Se creará un Cuerpo Élite en la Policía Nacional cuyo mandato será “la investigación, persecución y acusación de las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. La pregunta sin extenderme que tenemos que hacernos frente a este punto es sencillamente ¿Se crea una nueva justicia que liderará el grupo político FARC-EP? ¿Y que va a pasar con las empresas que no tienen pruebas como fundamentar que fueron obligadas a financiar grupos paramilitares? y ¿Cuales son, al tenor literal de la Farc y de este Gobierno las “conductas criminales” que amenacen la implementación de estos acuerdos y la construcción de la paz?, ¿Persecución a quienes no apoyen el Acuerdo Final?.

De igual manera, según lo establece el Acuerdo Final, los Colombianos tendremos que asumir el pago de la seguridad especializada y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores.

Los acuerdos finales aprobados por el Gobierno y las Farc – EP, constituyen un mecanismo altamente peligroso para la democracia de nuestro país, generan grave riesgo a la estabilidad no solo económica y social sino además generan un alto grado de inseguridad jurídica ante una nueva justicia que se vislumbra sustituirá la ordinaria y que deja a Colombia expuesta internacionalmente.

Si gana el No, el Presidente amenaza con que volveremos a una “guerra urbana”, más como una intimidación e imposición al pueblo colombiano, que como una posibilidad razonable y coherente de reformar los acuerdos y no dar tantas concesiones. Por estas, entre muchas otras razones me llevan a concluir como no debemos caer en falsas ideologías que nos conlleven a un próximo gobierno de izquierda.

Una verdadero marco de justicia transicional debe estar basado en el perdón y en el respeto por las víctimas, pero no en una burla como cuando se les pregunto a las FARC si estaban dispuestos a pedir perdón, y lo que hicieron fue soltar la risa y decir, cual perdón? Adicionalmente, todos sabemos los dineros ilícitos que hoy hacen parte de este gran cartel y que en ninguna parte del mencionado Acuerdo, manifiestan reintegraran a la sociedad civil reparando las victimas de 50 años de conflicto armado, por el contrario seremos los Colombianos los llamados a pagar con más impuestos, como se anunció ya la Reforma Tributaria los encargados de pagar los gastos que demande el llamado “PosConflicto” que deja un Presiente como lo dijo el diario las 2 orillas que “destronó a Maduro como el peor presidente de América”.

Estoy seguro que así como en la marcha por la familia fuimos más, seremos más los que salgamos todos a votar por el NO, y saneemos de una vez por todas estos escenarios de polarización que durante épocas lo único que han generado es más violencia. Estoy seguro que los Acuerdos de la Habana no generaran la paz tan anhelada por todos, sino que por el contrario generaran más heridas a aquellos que han sufrido la guerra y ante los cuales no habrá un verdadero sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

No creamos más en mentiras ni amenazas, si el NO gana, la Corte Constitucional en su sentencia C-397 de 2016, no ordena al Gobierno seguir la guerra, si replantear las negociaciones.

Por estas y más razones, estoy convencido de mi voto por el No al Plebiscito.

LUDWING ARLEY ANAYA MÉNDEZ

Abogado Especialista en Derecho Penal y Público.

C.MG. En Derecho, Ciencias Penales y Criminología.

C.MG. En Gestión Pública y Buen Gobierno