PORQUE SALVAR LA REFORMA DE LA SALUD

Por: Ernesto Samper

Contra todos los vientos huracanados que soplan contra el proyecto de ley que modifica el actual sistema de salud, pienso que hace bien el Ministro Alejandro Gaviria en su empeño de salvar la iniciativa y voy a tratar de explicar porque.

La ley ordinaria que se debate en la Cámara forma parte de una reforma que comenzó con la aprobación, por parte del Congreso, de una Ley Estatutaria de Salud que define la salud como un derecho fundamental de aplicación progresiva, es decir, un derecho de todos los colombianos que se irá cumpliendo a medida que el Estado encuentre recursos administrativos y financieros, públicos y privados, para alcanzar la cobertura universal. Esta definición, pendiente de ser avalada por la Corte Constitucional, es la que se está aplicando con éxito para conseguir la cobertura universal en materia educativa, grado por grado. El cumplimiento del derecho a la salud de esta manera devolverá las decisiones que hoy toman los jueces en materia de salud pública a través de tutelas a sus legítimos actores, empezando por los médicos que decidirán a quien tienen que operar, de que y cuando. La ley ordinaria que se examina ésta semana en el Congreso le pone dientes operativos al avance estatutario que el Gobierno deberá avalar aumentando sustancialmente el presupuesto del sector cuya participación en el Producto Interno Bruto ha venido cayendo en los últimos diez años cuando llegó a estar en los primeros lugares de América Latina. El Ministro Gaviria ha hablado de mínimo cinco billones de pesos, por cuenta de la satanización de la salud del sector decretada por el Ministro Diego Palacio, todos los actores e instituciones del sistema quedaron bajo sospecha de corruptos y los recursos de solidaridad fueron congelados en el Fosyga con el inocultable beneplácito de los ministros de hacienda que, de esta forma, han venido financiando durante los últimos años el déficit fiscal con la plata de la salud de los pobres. Por eso quienes controvierten la iniciativa en el Congreso porque le falta esto o le sobra aquello deberían pensar, más bien, en asegurar las líneas fundamentales de la reforma de la cual esta ley es apenas una parte. Que el Presidente se comprometa a poner una plata grande, que la unidad de caja propuesta en cabeza del Ministerio sea administrada gerencialmente como un sistema de canje bancario, que las EPS buenas, ¡porque hay EPS buenas! hagan mejor lo que están haciendo bien pero sin manejar un solo peso.

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Que los hospitales trabajen sobre estructuras de costos por procedimientos no para hacerlos “rentables” sino más comparables en sus niveles de eficiencia, que las industrias farmacéuticas vendan en Colombia sus drogas a los precios internacionales más baratos de sus mercados, que los paquetes básicos de salud, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia, sean los mismos para todos los ciudadanos, que se vayan modificando a medida que cambien los patrones de morbilidad y haya más plata. Que les paguen dignamente a los médicos, incluidos los residentes, y respeten su autonomía a partir de compromisos suyos respecto al mejoramiento de la calidad de sus servicios. Que la prevención -más vacunación y nutrición por favor- vuelva a ser tanto o más importante que el simple aseguramiento o la atención hospitalaria.

A partir de un acuerdo sobre estas líneas vertebrales podrán convenirse cambios en la ley sobre materias puntuales como la despolitización de los hospitales públicos, reglas de competencia sana para manejar la integración vertical que, cuando sea buena y útil, no tiene por qué acabarse, sobre la descentralización de las políticas sanitarias y otros temas colaterales que han contaminado el debate.

Lo más importante es tener en cuenta que, si no se aprueba la Ley Ordinaria de la Salud en esta legislatura -porque en época de elecciones como las que se vienen el año entrante será casi imposible sacarla- el sector va a pasar del limbo en que hoy se encuentra al infierno de no ir para ninguna parte.