Diputados de Santander denunciaron discriminación en operación taxis del área metropolitana.

Una seria problemática afrontan hoy unos 600 taxis de Piedecuesta, Girón y Floridablanca, donde se han visto perjudicados tras los operativos que se iniciaron hace un año en Bucaramanga con comparendos por el hecho de no poseer la Tarjeta de Operación Metropolitana para poder prestar el servicio de transporte público dentro de la capital santandereana, debido a que a ellos se le suministró fue la Tarjeta de Operación Urbana que solo les permite ejercer su labor dentro del municipio que les otorgó dicha tarjeta, conllevando a que se inmovilice el taxi por estar fuera del radio de acción.

La singular situación fue revelada por el diputado Luis Roberto Schmalbach Cruz, durante un debate citado por la Asamblea de Santander, en la que se ven perjudicados los conductores de estos tres municipios. “Los taxistas han venido trabajando en todo el área metropolitana desde 1998 ante el convenio firmado por los alcaldes de la época (…), toda vez que así lo permitía el decreto 1553 de 1998 del Ministerio de Transporte. Este convenio quedó derogado al entrar en vigencia el Decreto 172 de 2001, el cual no contó con la socialización respectiva a las empresas de transporte público que estaban habilitas hasta ese momento y por la cual no fue divulgado a los destinatarios impactados por la nueva reglamentación, situación que les ha incurrido en amonestaciones”.

Indicó el corporado que “los taxistas de Piedecuesta, Girón y Floridablanca, no pueden ingresar a laborar con sus vehículos a Bucaramanga mientras los taxistas de la capital santandereana si pueden hacerlo en los municipios del Área Metropolitana, denotándose discriminación y la falta al principio constitucional de la igualdad”. Aseguró que la norma establece que <<…el radio de acción metropolitano es el que se presta entre los municipios que hacen parte de un área metropolitana>> y es allí donde la autoridad competente debe realizar las acciones, gestionar y prestar toda la colaboración para que los municipios que la conforman socialicen la normativa en conjunto y se tomen las medidas que brinden soluciones efectivas antes de salir a implantar sanciones.

Schmalbach Cruz reiteró que producto de esta situación, se afecta el servicio de transporte, y no solo perjudica a quien lo ofrece, sino al usuario mismo pues se verá restringido al utilizar dicho servicio entre los municipios de conurbación. Al debate sobre la problemática de los taxis asistieron los directores el AMB y de tránsito de los cuatro municipios, además de los representantes de las empresas afectadas por la situación descrita.

“En cuanto a la negociación de vehículos tipo taxi, el AMB como autoridad, no tiene injerencia alguna frente a esa actividad comercial exclusiva de los propietarios de los mismos. Ahora bien, si el interrogante va orientado a la capacidad transportadora metropolitana, la misma está conformada por 6608 taxis, plenamente identificados con calcomanías de taxi legal Metropolitano con su respectivo código de barras y el número de identificación que comúnmente es llamado número verde del 0001 al 6608”, indicó el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Víctor Julio Azuero.

Aseguró que, “dentro del ejercicio de la actividad comercial de los taxis, y para ese gremio es llamada la capacidad transportadora individual, como ‘cupos’, que no tienen origen legal y obedece a una costumbre comercial sobre la cual, reiteramos, no tenemos control y vigilancia legalmente atribuidas. Se conoce la problemática, pero las acciones operativas son aplicadas por las autoridades de tránsito y, las acciones administrativas sancionatorias por las autoridades de transporte municipal”.

La Asamblea de Santander instó a los alcaldes que hacen parte del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) a reglamentar la convivencia ciudadana y hacer cumplir dichas normas pero no bajo la opresión sino en el contexto constitucional y orientado en la nueva gestión pública donde las instituciones están al servicio de la comunidad, promoviendo la prosperidad general y garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.